Desde el 1 de enero de 2024 las comunidades de propietarios no podrán mantener las tarifas reguladas de luz (PVPC) y de gas (TUR). Estas tarifas han sido un eficaz mecanismo para contener la subida de precios de la energía durante los últimos años ya que permiten a los pequeños consumidores adherirse a las mismas y de esta forma pagar unas facturas eléctricas y de gas natural más asequibles. En el caso de la luz, el PVPC está limitado actualmente a consumos inferiores a 10 kW de potencia y, para el gas, la TUR el límite de consumo anual estaba fijado por debajo de 50.000 kW. A finales de 2022, no obstante, dicho límite fue ampliado temporalmente para que pudieran acogerse no sólo los consumidores individuales sino también las comunidades de vecinos, pero dicha temporalidad finalizará el próximo 31 de diciembre.
A partir del 1 de enero también entra en vigor la reforma del PVPC que, entre otras previsiones, reserva la tarifa regulada de electricidad a uso residencial de consumidores domésticos y a microempresas, por lo que las comunidades de propietarios quedan excluidas de esta tarifa de luz igualmente. Por tanto, las comunidades de vecinos y sus administradores que tengan contratadas las tarifas reguladas deben estar alerta a estos cambios y anticiparse en función de cuál sea su situación.
Aquellas comunidades de propietarios que en la actualidad tengan contratada la tarifa regulada de luz y no cambien a una tarifa del mercado libre a partir del 1 de enero de 2024 de les aplicará un incremento del 20 % tanto en el término fijo como en el consumo.
Salvo que haya un cambio en esta regulación, las comunidades de vecinos deben buscar una nueva tarifa fuera del mercado regulado y para encontrar la más adecuada conviene comparar tarifas de luz de distintas comercializadoras que ya ofertan tarifas especiales para comunidades de propietarios.
En el caso del gas, el recargo por no cambiar de tarifa es aún más difícil de calcular ya que será del 20 % sobre el consumo respecto al precio medio del mercado mayorista por lo que el incremento en la factura dependerá directamente de la evolución de precios en dicho mercado, circunstancia ésta que no se puede saber anticipadamente. Si la comunidad de propietarios tampoco ha instalado el repartidor de costes podría tener recargos adicionales. Por tanto, la solución pasa también por un cambio de suministro con alguna de las comercializadoras que operan en el mercado libre y realizar una comparativa de tarifas gas hasta encontrar la que más se adapta teniendo en cuenta el nivel medio de consumo que se tenga y con el mejor precio de gas.
La exclusión de las comunidades de vecinos de las tarifas reguladas de energía ha generado malestar y quejas por parte de asociaciones de consumidores ya que, aunque legalmente sean entidades con personalidad jurídica, lo cierto es que en su mayoría agrupan a consumidores domésticos individuales que se ven perjudicados por la diferenciación de trato respecto a los consumidores finales que tienen contadores de luz y calefacción individual.
De momento, el ejecutivo ha planteado ante Bruselas la prórroga de medidas de la excepción Ibérica por la situación actual de crisis de energía y su aprobación podría beneficiar a las comunidades de vecinos. Hasta entonces, administradores de fincas y juntas de vecinos tienen de plazo hasta final de año para cambiar sus tarifas reguladas de luz y gas si no quieren asumir los recargos previstos en sus facturas.
